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Indonesia: solidaridad popular contra insensibilidad gubernamental Destacado

Solidaridad con los refugiados Rohingya Solidaridad con los refugiados Rohingya

Fue la gente, no el gobierno, quien decidió que rechazar a los refugiados Rohingyas que huyen de Birmania es un acto condenable y actuó en contrario. Los pescadores indonesios socorrieron a las naves a la deriva y los aldeanos recibieron a los forzados migrantes.


Es más, prueba absoluta de insensibilidad, la Marina de guerra indonesia remolcaba a los barcos a la deriva de los Rohingyas fuera de las aguas territoriales del país. Los echaban a alta mar. A la muerte segura.
Ni siquiera la solidaridad confesional operaba. Los Rohingyas son una minoría musulmana que habita el Estado birmano de Arakhan, donde son objeto de persecuciones religiosas por parte de los monjes budistas respaldados por los militares birmanos que gobiernan el país.
Indonesia es el país musulmán más poblado de la tierra. Ni aun así, se alzaron voces "oficiales" en favor de los refugiados.
Hasta que operó la solidaridad popular. Entonces, varios días después de desatada la crisis de los refugiados, los gobiernos de Indonesia y de Malasia, anunciaron conjuntamente que dejaban de rechazar y remolcar barcos Rohingya hasta alta mar y que se unían a los esfuerzos solidarios de ayuda internacional a los refugiados.
Decidieron ofrecerles, a los 7 mil Rohingyas que vagan por alta mar, un refugio provisorio durante lo que resta del año. El primer ministro malayo dejó de anteponer los argumentos legales sobre inmigración ilegal y optó por el humanismo.
La cuestión desvió la atención de los medios occidentales, en particular los franceses, que dedicaron más tiempo y espacio, junto con el gobierno del presidente Francois Hollande, a los avatares de un narcotraficante francés condenado a muerte en Indonesia que a la crisis de los Rohingya.
Para Hollande, si Indonesia ejecuta al narco "habrá consecuencias". Más allá de la posición sobre la pena de muerte, no deja de ser una rémora del imperialismo –francés, en este caso- como se pretende imponer a un país independiente, Indonesia, que debe modificar un fallo judicial porque su destinatario es un ciudadano occidental.
El narco era un narco que sabía lo que hacía y sabía que lo hacía en Indonesia donde el narcotráfico se castiga con pena de muerte. Parece un razonamiento elemental, sin embargo el presidente francés no lo entiende. O mejor dicho pretende rodearse de una aureola de defensor de los franceses, narcos incluidos.
Desde el costado indonesio, no son pocos quienes tratan de determinar las razones que llevaron a la justicia a volver a aplicar la pena de muerte que si bien nunca fue derogada, estaba en desuso.
Y es que la guerra contra la droga es un tema particularmente sensible en Indonesia. Para muchos analistas el consumo de drogas está fuera de control, particularmente en los sectores medio y alto de la sociedad.
Desde el plano político interno, el presidente Joko Widodo, habitualmente nombrado como Jokowi, enfrenta a la jefa de su propio partido, la ex presidente Magawati Sukarnoputri, hija del dictador-libertador Ahmed Sukarno, quien lo conmina a no ceder a las presiones contra la pena de muerte.
Sin dudas, Jokowi demostró firmeza. El tiempo dirá si tiene razón. Si la sociedad indonesia percibirá las ejecuciones como un éxito de la lucha contra la droga o como un retroceso en los derechos humanos.

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