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Brasil: recesión y corrupción abonan la destitución de Rousseff Destacado

Vice presidente Michel Temer y su esposa Marcela. Vice presidente Michel Temer y su esposa Marcela.

De origen libanés y con 75 años de edad, Michel Temer, actual vicepresidente del Brasil, se prepara.
Miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) –centro derecha- del que desempeña la presidencia, partido aliado al Partido de los Trabajadores (PT) de la presidente Dilma Rousseff, trabaja en silencio para asumir el poder del país más poblado de América del Sur.

 

Desmiente todo pero ya explicó su programa económico ante algunos empresarios. A su vez, los rumores lo apuntan como listo para formar gabinete. Algunos políticos como el ex candidato presidencial José Serra le prometen ayuda para cuando asuma.
Ocurre que la amenaza de la destitución constitucional planea sobre Rousseff desde hace varias semanas. Su enemigo jurado, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, aceptó, el pasado 02 de diciembre de 2015, de iniciar el proceso tras la presentación de una demanda de los juristas Miguel Reale y Helio Bicudo, este último fundador del PT.
Ambos abogados acusan a Rousseff de "maquillar" las cuentas públicas en 2013, justo el año anterior a su reelección para la presidencia. El mecanismo falaz consistió en financiar los déficits presupuestarios con préstamos de bancos públicos para permitir retardar los débitos.
Los juristas no están solos. La noticia del inicio del procedimiento de destitución provocó, en San Pablo, exteriorizaciones de alegría de quienes marchan desde hace meses para lograr separar a Rousseff del gobierno, cada día más impopular.
Según varios analistas políticos brasileños, Eduardo Cunha, actuó por venganza personal. Miembro del PMDB de Temer, Cunha está implicado en el escándalo de corrupción más grande de la historia brasileña, el caso Petrobras.
Al respecto, la justicia detectó varias cuentas en Suiza, dotadas con millones de dólares, de las cuales serían beneficiarios Cunha y sus familiares. En función de ello, una Comisión de Ética debía juzgar su comportamiento.
Para evitar, su sanción Cunha contaba con el aliado del PMDB, el PT. Consiguió el apoyo del ex presidente Luiz Inacio da Silva, Lula, pero no el de numerosos dirigentes del PT. Fue entonces que comenzó la venganza.
Para algunos, los hechos conocidos como "gambeta fiscal" no son lo suficientemente graves como para destituir a la presidente. Otros mandatarios hicieron lo mismo por el pasado. Claro que ninguno ocultó déficits de gran tamaño como lo hizo Rousseff.
El problema para Rousseff es que la "gambeta" se junta con el escándalo de Petrobras y sus licitaciones amañadas para pagar con enormes sobreprecios las obras de la petrolera estatal asignadas de manera irregular. El todo agravado por la crisis económica brasileña.
Es que Brasil está en plena recesión. En el tercer trimestre del año, el Producto Bruto Interno (PBI) cayó en un 1,7 por ciento. La contracción para todo el año será del 4,5 por ciento. La industria y el comercio despiden. La desocupación crece.
A la disputa política e institucional se agrega la crisis económica, mientras que las decisiones para atacar la recesión se retardan en función, precisamente, de las disputas. Un círculo vicioso del cual nadie sale.
Mientras tanto surgen a la luz nuevos detalles del negociado Petrobrás y del correspondiente a las grandes empresas de trabajos públicos.
Así, el senador Delcidio de Amaral (PT) fue detenido, luego que el Senado por 59 a 13 votara su destitución. Amaral intentó comprar el silencio, sobre su participación en el negociado, de uno de los directivos de Petrobras a cambio de organizar su fuga, vía Paraguay España.
El meollo del affaire Petrobras, que cada día es investigado en profundidad por el juez federal de Curitiba, Estado de Paraná, Sergio Moro, consiste en la cartelización de las grandes empresas de construcción y de trabajos públicos para turnarse en la adjudicación de las licitaciones de la petrolera estatal
La cartelización posibilitaba el cobro de enormes sobreprecios en cada caso, que alcanzaban para pagar el silencio y la complicidad del directorio y de buena parte de la clase política brasileña en el poder.

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