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Cuba: temas pendientes para el levantamiento del embargo Destacado

John Kerry preside la ceremonia de reapertura de la embajada de Estados Unidos en Cuba. John Kerry preside la ceremonia de reapertura de la embajada de Estados Unidos en Cuba.

Parece más una broma que algo serio, pero en Internet circula un diálogo entre Fidel Castro y Ernesto "Che" Guevara. El Che le pregunta a Fidel cuando los Estados Unidos levantarán el embargo y Fidel contesta cuando el Papa sea argentino y en los Estados Unidos gobierne un presidente negro.


Imposible de corroborar la veracidad histórica del diálogo, menos aún que la atribución de la cita a una respuesta de Fidel Castro ante una consulta de un fallecido periodista australiano.
El punto es que casi 55 años después, Estados Unidos y Cuba vuelven a tener embajadas mutuas en sus respectivas capitales.
Si la apertura de las embajadas puede ser considerada como un paso gigantesco, no son pocos los obstáculos a superar en vistas de una normalización completa de las relaciones.
Está la cuestión de la Base Naval norteamericana de Guantánamo, de la que el gobierno cubano pretende recuperar la soberanía.
La Base fue establecida en 1898, con la ocupación norteamericana de la isla, tras la derrota de España en la guerra hispano-norteamericana. En 1903, el primer presidente de Cuba independiente, Tomás Estrada Palma, entregó el territorio de la base a través de un "arrendamiento perpetuo", sin reconocer una soberanía "de iure".
Cuba plantea la ilegalidad del arrendamiento dado que la Enmienda Platt que lo estipula y que está incorporada a la Constitución cubana es ilegal según el artículo 52 de la Convención de Viena de 1969 que establece dicha ilegalidad para cláusulas arrancadas por la fuerza. Estados Unidos niega el argumento cubano.
Otro contencioso que deberá alcanzar una solución es el tema de las indemnizaciones a las sociedades y particulares estadounidenses, expropiadas tras el triunfo de la Revolución Cubana que ascenderían a un valor actual superior a los 7.000 millones de dólares.
Son 5.913 empresas que fueron expropiadas tras la llegada de Fidel Castro al poder. De muy difícil solución, existen antecedentes en los pagos de indemnizaciones a empresas de España, Canadá, Francia, Gran Bretaña y Suiza.
En esos casos, el gobierno cubano pagó a los Estados y no directamente a las empresas. Ese tratamiento permitió la amortización en especies de la mayor parte de la deuda y el resto en cómodas cuotas semestrales.
Un tratamiento equivalente solo es posible frente a las pequeñas empresas norteamericanas expropiadas. Para las grandes, resultará más conveniente acordar algún tipo de indemnización casi simbólica, con una fuerte quita, y recibir franquicias impositivas para la reinversión en la propia Cuba.
Por su parte, Cuba solicita más de 100 mil millones de dólares en concepto de indemnización por el embargo norteamericano, tema sobre el que opinó hasta el propio Fidel Castro, retirado de la escena política oficial.
Se trata, por supuesto, de una exigencia absolutamente negociable, puesta sobre la mesa para ser usada como pretexto de compensación, dado que es imposible de calcular y que difícilmente prospere ante un tribunal internacional.
Otra cuestión es la de los "refugiados políticos" norteamericanos amparados por Cuba en su territorio. Se trata de personas reclamadas por la justicia de los Estados Unidos por la comisión de delitos comunes que reciben un tratamiento de refugiados en Cuba. Estados Unidos los reclama.
Por último, nada menos que el espinoso tema de los derechos humanos en la isla.
Algún tipo de acuerdo sobre todos estos puntos será la llave que permitirá el levantamiento total del embargo norteamericano a Cuba y, entonces sí, la normalización definitiva de las relaciones.

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