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Brasil: Lula da Silva salpicado por los escándalos de corrupción Destacado

Lula y su mujer con Emilio Odebrecht. Lula y su mujer con Emilio Odebrecht.

Todas las noticias son malas para el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) que gobierna Brasil. Las económicas y las políticas. Las primeras, por la recesión. Las segundas, por la corrupción, desde que salió a la luz el "affaire" Petrobras.


Pero, ahora, las consecuencias de los descubrimientos y, sobre todo, las confesiones de los "arrepentidos", salpican nada menos que al ex presidente Luiz Inacio da Silva, Lula.
El ex jefe del Estado brasileño entre el 2003 y el 2010 resultó acusado de interceder, ante dirigentes extranjeros –tráfico de influencias-, a favor del gigante holding brasileño BTP Odebrecht, cuyo presidente, Marcelo Odebrecht, se encuentra detenido desde junio 2015 por sus vinculaciones con el escándalo Petrobras.
BTP Odebrecht es la empresa constructora y de ingeniería más importante de América Latina y fue adjudicataria de las obras para los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro del 2016.
Según la fiscalía, Odebrecht encabezó un "cartel" que facturó sobreprecios millonarios a Petrobras.
Las sospechas sobre Lula se centralizan en que viajó con todos los gastos pagos por Odebrecht al Caribe en un vuelo "con un pasajero principal y totalmente secreto" según los registros de la empresa. Fue acompañado por el alto ejecutivo de Odebrecht, Alexandrino Alencar, hoy también tras las rejas.
Tras su alejamiento de la presidencia, Lula viajó a costas de Odebrecht, Camargo Correa y OAS, las tres mayores empresas de obras públicas de Brasil, todas ellas envueltas en el escándalo de corrupción de Petrobras.
Fue hace un mes, cuando la policía procedió a arrestar a Marcelo Odebrecht en un operativo ordenado por la Fiscalía que incluyó a tres directivos de la empresa y a Octavio Azevedo, presidente de Andrade Gutiérrez, otra gran empresa de la construcción.
Ahora, la justicia suiza investigará si el pago de las comisiones en el "lava-jato", como se denomina el affaire en Brasil, no se llevó a cabo desde cuentas bancarias en aquel país.
Se trata de una novela por episodios, donde los "arrepentidos cantan" y día a día se conocen nuevos detalles. Los delitos que se imputan son formación de cartel con prácticas oligopólicas, fraudes en los llamados a licitación, corrupción de funcionarios públicos, malversación de caudales públicos y lavado de dinero.
El negocio de las empresas con Petrobras costó al Estado brasileño, según un cálculo conservador, alrededor de 2.000 millones de dólares.
Varios son los diputados y senadores que cobraban las "comisiones" y, fundamentalmente, el ex tesorero del Partido de los Trabajadores, de Lula y de la presidente Dilma Rousseff", Joao Vaccari, detenido desde abril.
Pero, la corrupción también abarca al centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), pilar legislativo de la coalición en el poder. Uno de los "arrepentidos" acusó al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, de haber exigido 5 millones de dólares en comisiones.
La reacción de Cunha –quién ya se llevaba mal con Rousseff- fue pasar a la oposición, actitud que amenaza la continuidad de la coalición gubernamental y que bien puede ser el preludio de una crisis política de envergadura.
Junto a los hechos de corrupción, destaca la recesión económica. El Producto Bruto Interno cayó, medido anualmente, durante el primer trimestre del año, en un 1,6 por ciento. Es el peor resultado desde el 2009, año de recesión internacional.
El gobierno puso en marcha toda una serie de medidas de austeridad, absolutamente necesarias, pero que generan, como habitualmente ocurre, resistencia entre la población. Entre ellas, el despido del personal estatal.
Los cálculos para el 2015 indican una caída final del PBI ubicada en el orden del 1 al 1,2 por ciento.
Consecuencia de la corrupción y de la recesión, se conoció un dato por demás inquietante. Buena parte de la población se muestra partidaria de un retorno de los militares al poder.
Así lo revela la encuesta de Barómetro de las Américas que arrojó como resultado que el 46,7 por ciento de los brasileños son favorables a una intervención militar "en caso de fuerte corrupción". Solo Paraguay y Perú, en América llamada Latina, ofrecen porcentajes aún más altos.

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