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Brasil: sequía, austeridad y corrupción, fin del milagro Destacado

Cantareira, la represa que abastece de agua a San Pablo, con muy poca agua Cantareira, la represa que abastece de agua a San Pablo, con muy poca agua

Por muy escaso margen, Dilma Rousseff ganó la elección presidencial de octubre 2014. Ya desde antes, pero más aún desde entonces a la fecha, las malas noticias se acumulan. Sequía, austeridad y corrupción acorralan a la presidente.


Precisamente, desde fechas cercanas a la reelección de Rousseff, las lluvias desaparecieron de los estados más poblados del Brasil, en particular del Estado de San Pablo.
La sequía, además de las pérdidas en materia de producción agropecuaria, impide el normal abastecimiento de agua potable en el 25 por ciento del territorio brasileño. Dos municipios de San Pablo y cuatro del Estado de Minas Gerais suspendieron el "sacrosanto" carnaval por causa del faltante de agua.
El nivel de los embalses de Minas Gerais es inferior al mínimo, tras cinco semanas de no recibir precipitaciones. En el Estado de Ceará son 176 las localidades declaradas en estado de emergencia.
En términos poblacionales, las restricciones afectan a 47 de los 200 millones de brasileños.
Desde hace 84 años se llevan registros estadísticos sobre las precipitaciones en Brasil. La actual sequía es la peor de todas y se produce en los meses de mayor calor que solían coincidir con los de mayores precipitaciones.
A su vez, la sequía reaviva el problema de la escasez de energía que queda en evidencia en las épocas de altas temperaturas.
Las autoridades del Estado de San Pablo ya advirtieron que si las lluvias tardan unos días más en llegar, será necesario implementar un racionamiento que determinará que, alternativamente, las distintas zonas de la ciudad serán abastecidas con agua corriente, solo dos días por semana.
De momento, la consecuencia política de la sequía consiste en una fuerte crítica al gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin. Se le imputa no haber tomado medidas de racionamiento en octubre pasado porque pretendía no poner en riesgo su reelección.
El problema no es solo climático. Mientras la población de las grandes áreas metropolitanas no cesa de aumentar, en Rio de Janeiro no se construye un reservorio de agua desde 1963. En ese lapso, la población pasó de 3,3 millones de habitantes a 6,3 millones.
En Belo Horizonte, el último tanque construido data de 1991 cuando la población era inferior en medio millón de personas. En San Pablo, la más nuevo data de 1992 cuando vivían en la ciudad 4 millones menos de pobladores.
Y en Recife, con la conclusión de una obra que fue diseñada en 1988, la provisión de agua potable creció en un 48 por ciento, pero en ese período la población creció un 45 por ciento.
La buena noticia es que una tormenta se abatió el 30 de enero sobre Rio de Janeiro. Lo paradójico, destruyó un viaducto.
Si la presidente Dilma Rousseff no es visualizada como responsable política de las consecuencias de la sequía, el mal humor que la falta de agua genera, colabora para desmejorar su imagen, ya en franco declive.
Hoy por hoy, los políticos conservadores vuelven a ser bien mirados en la sociedad brasileña. No es el agua, sino la corrupción, el estancamiento económico y, sobre todo, la inseguridad ciudadana, las razones del crecimiento conservador.
Unas más que modestas previsiones de crecimiento para el 2015 que solo alcanzan a un 0,1 por ciento y los escándalos de corrupción, particularmente el que afecta a la todo poderosa empresa petrolera estatal, Petrobras, trocaron a pesimismo el optimismo de los brasileños.
Todos los logros del Partido de los Trabajadores (PT), de Rousseff y del ex presidente Luiz Inacio "Lula" da Silva pertenecen al pasado. Hoy la lucha pasa por no retroceder. Por evitar que aquellos que emergieron de la pobreza vuelvan a caer en ella. Solo eso.
Todo cambió. Algunos de los programas sociales deben ser abandonados en aras de una austeridad que evite males económicos mayores en el futuro. En ese sentido, a diferencia de otros países que ignoran las crisis hasta que les estallan, Brasil muestra seriedad, reconoce el problema y actúa en consecuencia.
El primer reacomodamiento a la etapa crítica fue la designación de Joaquim Levy como ministro de Finanzas. Se trata de un economista que prestó servicios en el Fondo Monetario Internacional y se desempeñó como secretario de Estado de Finanzas en el gobierno del ex presidente Fernando Henrique Cardoso.
Si Levy molestó a los "izquierdistas" del PT, la designación de Kátia Abreu como ministro de Agricultura causó poco menos que indignación. Abreu es una ganadera del Estado de Tocantins, señalada por la ONG "Greenpeace" como defensora de los intereses de los ganadores en contra del ambientalismo y bautizada, por ende, como "Miss Deforestación".
Dilma Rousseff trata de explicar, no sin coherencia, aquello que, normalmente, los ciudadanos no quieren escuchar y no aceptan comprender.
Y eso es la necesidad de una política de austeridad para "enderezar" las cuentas públicas y relanzar el crecimiento. La tentación de invertir el orden es propia del populismo como el que acaba de ganar en Grecia.
El punto en cuestión es hasta donde los brasileños se resignarán a dos años, al menos, de austeridad. Así, el Banco Central elevó la tasa de interés al 12,25 por ciento para luchar contra una inflación prevista del 6,4 por ciento anual, juzgada en el umbral de la peligrosidad y que bien puede superar el 9 por ciento.
El primer objetivo es lograr un superávit fiscal del 1,2 por ciento medido en términos de Producto Bruto Interno (PBI) para el 2015 y de un 2 por ciento para el 2016, de forma de poder enfrentar la deuda con recursos genuinos.
Alcanzarlo no será nada fácil, dado que el déficit actual es el más alto, en moneda constante, desde 1997. Implica reducir los gastos del Estado –planes sociales, incluidos- que deberán compensar, y más aún, la menor recaudación como producto de la menor actividad económica.
Rousseff, 68 años, lo dijo y tiene razón: "cuentas públicas ordenadas son necesarias para controlar la inflación, impulsar el crecimiento económico y garantizar el empleo y los ingresos". Es así. Pero ¿Cuántos están dispuestos a creerle?
El ajuste del ministro Levy incluye un incremento en el impuesto a los combustibles, en los derechos de importación y sobre las operaciones de crédito para intentar obtener unos 10.000 millones de dólares adicionales para las arcas fiscales.
La mayor presión impositiva se ve acompañada por una reducción de los gastos gubernamentales y de recortes en los subsidios por desempleo y de pensiones por fallecimiento de familiar.
Así, Levy dispuso reducir los beneficios de los funcionarios retirados, endurecer las condiciones para cobrar el seguro por desempleo, poner fin a los subsidios a las empresas eléctricas y a los créditos a baja tasa para inversión empresarial.
Tras dar a conocer las decisiones, las consultoras publicaron una previsión a la baja para el crecimiento. Lo redujeron al 0,1 por ciento con un pronóstico inflacionario del 7 por ciento. Es previsible que nuevos cortes presupuestarios y aumentos impositivos sean decididos en un futuro muy próximo.
Claro que, en gran medida, la desconfianza que genera la administración Rousseff no está dada por sus pasos en aras de una austeridad económica, sino por los temas de corrupción.
Es la propia presidente de la República quién vuelve a las crónicas policiales tras ser inculpada de manera indirecta por tres ex poderosos ejecutivos encarcelados, dado que fue presidente del Consejo de Administración de Petrobras entre el 2003 y el 2010.
En un editorial, el influyente Financial Times pide a Rousseff que ofrezca explicaciones sobre cuanto ella conocía acerca de la corrupción en Petrobras.
Indica que la operación "lava-jet" como se conoce popularmente al affaire representó 20.000 millones de dólares en proyectos tan mal diseñados que "hasta el ex presidente venezolano Hugo Chávez se negó a invertir en ellos".
La última gran novedad fue la detención del ex gerente del Área Internacional de la petrolera estatal quién deberá prestar declaración sobre el caso más paradigmático: la compra de la refinería de Pasadena en Texas, Estados Unidos.
Por dicha refinería, adquirida en el 2006, Petrobras pagó una cantidad 27 veces superior a la que desembolsó, por la misma refinería, la empresa belga Astra Oil que la adquirió, a su vez, solo dos años antes, en 2004.
Se habla de comisiones ilegales extraordinarias como la eventualmente percibida por el gerente detenido, calculada en 20 millones de dólares.
Lo de la refinería Pasadena no es el único contrato cuestionado. Por el contrario, son muchos. Pero, como para muestra basta un botón, solo el de Pasadena representó un perjuicio para la petrolera estatal de 729 millones de dólares.

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