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Sudáfrica: una agenda con Sudán, sobornos, xenofobia y corrupción Destacado

Presidentes Jacob Zuma y Filipe Nyusi Presidentes Jacob Zuma y Filipe Nyusi

Caso único en la historia moderna. El Tribunal Superior de Pretoria, Sudáfrica, prohibió la salida del país del presidente del Sudán, Omar Al-Bashir, debido a las dos órdenes de arresto emitidas en su contra por el Tribunal Penal Internacional (TPI).


Sin embargo, en otra prueba del escaso apego a la ley del presidente sudafricano Jacob Zuma, Bashir salió al día siguiente, en su avión, desde una base militar sudafricana.
Con sede en La Haya, Holanda, el TPI lleva adelante dos procesos contra el autócrata sudanés por acusaciones de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en la región del Darfur sudanés.
Pese a que restaban cumplir algunas formalidades, Bashir corría el riesgo de quedar detenido para luego ser trasladado para su juzgamiento, en La Haya.
El gobierno sudafricano, si así lo hubiese decidido, debería haber presentado en forma inmediata su alegato en contra de la detención de Bashir. No lo hizo, optó por la solidaridad mafiosa.
Nunca, hasta el momento, un jefe de Estado había sido demorado ante un pedido de captura internacional.
Para la imagen de Sudáfrica en el mundo, es un problema mayúsculo. El país firmó el Estatuto de Roma que dio a luz al TPI. No debió, por tanto, haber admitido a Bashir en su territorio para no contravenir el mandato de arresto internacional. Menos aún con una justicia que hizo gala de independencia.
Pero Zuma otorgó garantías al autócrata sudanés que nada le ocurriría. Y cuando el Tribunal de Pretoria decidió demorar la salida, cumplió con las garantías dadas e incumplió con la ley. En un país serio, Zuma sería destituido, juicio político mediante.
Desde ya que era difícil de imaginar que Bashir resulte extraditado a La Haya. Primero, porque es un jefe de Estado. Segundo, porque como autócrata recibe la solidaridad de no pocos colegas –autócratas, también ellos- con la excusa de que se trata de un ataque contra el África. Tercero, porque difícilmente el gobierno sudafricano iba a permanecer pasivo frente al hecho.
Sin dudas, la decisión del Tribunal Superior de Pretoria es un inmenso paso adelante contra la impunidad, aun si finalmente prevalece la solidaridad –mafiosa, por cierto- entre gobernantes, como finalmente ocurrió.
El problema Bashir se suma a otras cuestiones que motivan el descrédito del gobierno del presidente Jacob Zuma.
A la cuestión de los trabajos de ampliación de su residencia particular que pagó el tesoro público, hasta la masacre de los huelguistas de la mina de Marikana, se agregan los disturbios xenófobos y, recientemente, las revelaciones sobre el pago de sobornos para la realización del Mundial de Fútbol del 2014.
Día que pasa, el escándalo de la Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA) produce nuevas revelaciones que salpican a dirigentes políticos.
Ahora, trascendió que la justicia de los Estados Unidos, no solo sospecha como acto de cohecho el pago recibido por los dirigentes de las federaciones caribeñas para que voten por Sudáfrica como anfitriona del Mundial del 2010 sino que, además, dicho pago fue aprobado en el más alto nivel del estado sudafricano. Es decir, en la presidencia de la República.
Por supuesto, que se pretendió disimular el cohecho mediante donaciones, explicaciones, excusas y demás yerbas de un relato de "angelitos". El resultado de las revelaciones fue que la policía sudafricana abrió una investigación. Todos reconocen que el pago existió, pero insisten en que no fue un cohecho. ¿Y qué fue?
En cuanto a la ampliación de su residencia particular, el presidente Zuma dejó todo en manos del jefe de policía, nombrado por él mismo. Y el jefe de policía declaró que no se trataron de reformas de lujo, sino que hacen a la seguridad del lugar donde Zuma recibe a muchos visitantes.
Para "mejorar la seguridad", Zuma gastó 18 millones de euros de los contribuyentes sudafricanos. Finalmente, Zuma aceptó reembolsar los gastos que no hacen estrictamente a la seguridad, de acuerdo con el criterio del jefe de policía.
¿Qué construyó Zuma para mejorar la seguridad? Pues, una piscina, un anfiteatro, un corral, un gallinero y una centro de recepción para visitantes. Todo eso por "solo" 18 millones de euros.
Cuando le preguntaron al jefe de policía que función de seguridad cumplía la piscina, suelto de cuerpo contestó que por tratarse de una zona con baja presión de agua, la piscina servía de reservorio, para los bomberos, en caso de incendio. Lo dijo sin pestañear.
Nadie preguntó nada sobre el anfiteatro, ni el corral, ni el gallinero. De resultas, Zuma no tiene que pagar nada porque todas las obras "responden a criterios de seguridad". Una burla.
Sin dudas, el episodio más serio que vivió Sudáfrica últimamente fue la sucesión de disturbios xenófobos que se originaron en la ciudad de Durban y que se extendieron a otros puntos del país.
Dichos disturbios culminaron con el brutal asesinato de un inmigrante mozambicano en Johannesburgo.
Ante la violencia, el gobierno de Zuma reaccionó tarde y mal. El propio hijo de Zuma formuló declaraciones donde eran perceptibles connotaciones anti inmigración. Sudáfrica expulsó recientemente 420 mozambicanos en situación de inmigración ilegal.
Pero resulta que Sudáfrica es cada día más dependiente de Mozambique en materia de suministro de energía. Al punto que se convirtió en el primer importador de gas y electricidad provenientes de su vecino de habla portuguesa.
Entretenido con las ampliaciones de su casa, Zuma quedó pasivo para después viajar, casi de urgencia, a Maputo, la capital de Mozambique para calmar las tensiones y asegurarse que no se produjese un corte en el suministro de energía. Disfrazó la visita urgente como visita de Estado.
Y debió plegar la rodilla. Ante el presidente de Mozambique, Filipe Nyusi, declaró que "era importante para nosotros, presentar excusas en nombre de la minoría de sudafricanos que se comportaron mal".
Los actuales Mozambique y Sudáfrica muestran una lucha casi común contra el colonialismo y el apartheid, dada la alianza que mantenía el Portugal corporativo del ex dictador Antonio de Oliveira Salazar y el régimen racista blanco de Sudáfrica.
De allí que, mozambicanos influyentes, como el escritor Mia Couto, reclamaron un cambio de comportamiento por parte del gobierno sudafricano que del apartheid de entonces, pasó a la xenofobia de ahora.
En política interna, la paciencia parece comenzar a agotarse con el ANC –el oficialista Congreso Nacional Africano- tras las denuncias de corrupción, pegadas a un desarrollo económico que decrece y a una distribución del ingreso que se percibe como muy regresiva.
Frente al ANC, el mayor partido en la oposición es la Alianza Democrática (DA), una agrupación de ideología liberal pero percibida como un partido eminentemente blanco. Solo el 6 por ciento de sudafricanos negros -80 por ciento de la población total- votaron por la DA, en las elecciones del 2014. Blancos, mestizos e indios votan masivamente, en cambio, por la DA.
Pero la DA cambió de rumbo, no de pensamiento político, con la elección de Mmusi Maimane como el primer presidente negro de la agrupación. Ya no será tan fácil para el oficialismo "dejar correr" la idea que la DA volvería a imponer el apartheid.
Maimane, diplomado en teología, administración pública y sicología, solo cuenta con 34 años de edad y encarna la generación que no conoció el régimen segregacionista blanco. La Alianza Democrática gobierna la influyente provincia de El Cabo.
Por último, los resultados económicos del primer trimestre del año no son precisamente alentadores. El crecimiento del PBI fue del 1,3 por ciento, juzgado como decepcionante, con una caída del 2,4 para la industria manufacturera.
Para los analistas, el principal problema a superar radica en la falta de energía. Los cortes de electricidad son por demás frecuentes y paralizan la producción. No obstante, además de la energía, la demanda interna y externa experimentan, a su vez, una contracción.
Sudáfrica precisa de un crecimiento de entre el 5 y el 7 por ciento anual para absorber la tasa de desocupación que alcanza al cuarto de la población activa y a la mitad de los jóvenes.

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